El Gobierno de Navarra detecta sobreprecios en 13 contratos de alquiler tras inspeccionar 92 viviendas
El Gobierno de Navarra ha inspeccionado durante 2026 un total de 92 contratos de alquiler en los 21 municipios declarados Zona de Mercado Residencial Tensionado para comprobar si las rentas aplicadas cumplen la normativa. De los 40 expedientes que ya se han resuelto, 13 han terminado con una rebaja del alquiler tras detectarse sobreprecios y regularizarse voluntariamente los contratos.
En los otros 27 expedientes resueltos se ha comprobado que las rentas se ajustaban a la normativa. Además, permanecen en tramitación otros 52 procedimientos de inspección.
Vivienda envía 16 nuevas comunicaciones por posibles sobreprecios
La Dirección General de Vivienda ha remitido durante la última semana 16 nuevas comunicaciones a titulares de viviendas cuyos contratos, registrados en marzo y abril, presentan posibles irregularidades en el precio del alquiler.
Las personas arrendadoras disponen de diez días hábiles para presentar documentación y alegaciones que justifiquen la renta aplicada. Si no acreditan que el importe es correcto, continuará la tramitación del expediente.
Antes de iniciar un procedimiento sancionador, la Administración puede conceder un plazo de hasta quince días para regularizar el contrato y devolver, si corresponde, las cantidades cobradas indebidamente. Las sanciones previstas pueden oscilar entre 3.001 y 30.000 euros.
Más de 24.000 contratos activos en el registro navarro
La mayor parte de las inspecciones se inicia a partir de la información del Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA), que permite comprobar el cumplimiento de la normativa en los municipios declarados zona tensionada.
Actualmente, el registro cuenta con 24.135 contratos activos inscritos. A esta cifra se suman los contratos incorporados de oficio por la Dirección General de Vivienda, entre ellos los correspondientes a las 1.140 viviendas gestionadas a través de la Bolsa de Alquiler.
Los arrendadores deben inscribir los contratos de viviendas libres en el plazo de un mes desde su formalización. La obligación afecta tanto a los alquileres de vivienda habitual como a los de temporada firmados desde el 1 de enero de 2019 que continúen en vigor.
