La nueva Ley de Industria de Navarra promete impulsar las empresas, pero deja dudas sobre su eficacia y control
El Parlamento de Navarra ha aprobado la nueva Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial con los votos favorables de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de EH Bildu y el rechazo de UPN, PPN, Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita. La norma pretende reforzar el tejido industrial, atraer inversiones y acelerar la transición ecológica y digital, pero su aprobación abre un debate necesario: si Navarra necesita más estructuras, observatorios y planes estratégicos o, sobre todo, medidas concretas que se traduzcan en empleo, inversión y competitividad.
El texto incorpora objetivos ambiciosos, desde la simplificación administrativa hasta el apoyo a las pymes, la innovación y la reindustrialización de empresas en crisis. Sin embargo, buena parte de sus compromisos se remiten a planes que deberán elaborarse posteriormente, programas específicos y órganos de coordinación. La cuestión es si esta arquitectura administrativa servirá para resolver los problemas de las empresas o terminará añadiendo nuevas capas de gestión a una Administración que precisamente necesita agilizar sus procedimientos.
Agilizar los trámites sin rebajar las garantías
Uno de los elementos centrales de la ley es la creación de una Ventanilla Única Empresarial y la posibilidad de tramitar determinados proyectos mediante un procedimiento único. También se contemplan licencias condicionadas y mecanismos para acelerar la emisión de informes.
La simplificación administrativa es una necesidad para Navarra. La implantación de una empresa no debería quedar atrapada durante meses en procedimientos fragmentados entre distintas administraciones. Pero acelerar los trámites no puede convertirse en una vía para reducir controles o facilitar decisiones sin suficiente transparencia.
Especial atención merecen los proyectos empresariales de interés estratégico, que recibirán una tramitación especialmente ágil. La incorporación de una mayor documentación y control parlamentario antes de su aprobación es una garantía relevante, pero será fundamental que la declaración de interés estratégico responda a criterios objetivos, verificables y conocidos. La rapidez administrativa debe beneficiar a la actividad económica sin generar privilegios ni debilitar la seguridad jurídica.
Dinero público y compromisos que deben poder medirse
La norma crea un Fondo de Industrialización y contempla nuevas herramientas de financiación y asesoramiento para las empresas. También abre la puerta a que SODENA y el INI impulsen proyectos industriales de titularidad pública mediante la adquisición de compañías en crisis que se consideren viables, con la posibilidad de ceder posteriormente su gestión a cooperativas o sociedades laborales.
Son instrumentos de calado que requieren especial rigor. La utilización de recursos públicos para sostener empresas debe estar respaldada por estudios de viabilidad, objetivos de empleo y mecanismos de seguimiento. No basta con evitar el cierre de una instalación: hay que acreditar que la intervención tiene posibilidades reales de recuperar actividad y que el coste para los contribuyentes está justificado.
La ley incorpora un informe anual público sobre el impacto y el retorno social y económico de las ayudas, una medida positiva que deberá traducirse en información comprensible y resultados concretos. También amplía los supuestos de devolución de subvenciones ante deslocalizaciones o malas prácticas empresariales. El verdadero alcance de estas garantías dependerá de su aplicación y de que no queden reducidas a declaraciones de intenciones.
Más obligaciones para las empresas y dudas sobre la competitividad
El texto incorpora medidas sobre igualdad, protocolos contra el acoso, reducción de la brecha salarial, formación y recualificación profesional. También recoge el impulso de medidas para alcanzar una jornada laboral máxima de 35 horas semanales y plantea limitar las subcontrataciones para mejorar la calidad del empleo y reducir la siniestralidad.
La mejora de las condiciones laborales es un objetivo legítimo, pero la ley debe evitar que la acumulación de obligaciones y requisitos termine perjudicando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que no disponen de los mismos recursos que las grandes compañías. El apoyo a la competitividad exige acompañar las exigencias normativas de asesoramiento, financiación y plazos realistas.
Además, la referencia a la reducción de jornada se formula como un impulso de medidas, no como una implantación inmediata y automática de las 35 horas en todas las empresas. Conviene distinguir entre los objetivos que recoge la norma y las obligaciones que efectivamente establece.
Navarra necesita resultados, no otra colección de planes
Entre las aportaciones incorporadas durante la tramitación figuran varias propuestas de los grupos parlamentarios. UPN logró introducir compromisos para elaborar, en el plazo de un año, planes de arraigo empresarial, atracción de talento, simplificación administrativa, reducción de costes energéticos, desarrollo de suelo industrial y transición digital. El PPN incorporó medidas sobre talento femenino y formación en competencias STEM, mientras que EH Bildu y Contigo-Zurekin promovieron, entre otras cuestiones, criterios de retorno social para las ayudas y medidas laborales.
La diversidad de propuestas no elimina el principal interrogante: quién garantizará que esos planes se ejecuten, con qué financiación y bajo qué indicadores se evaluará su cumplimiento. La ley limita a cuatro años la vigencia máxima del Plan de Industria y establece memorias anuales de resultados, pero la rendición de cuentas tendrá que ir más allá de enumerar reuniones, programas y actuaciones administrativas.
Navarra necesita proteger su industria, atraer nuevas inversiones y evitar que las empresas encuentren más facilidades para instalarse en otros territorios. Para ello hacen falta estabilidad normativa, suelo industrial disponible, energía competitiva, trabajadores cualificados y una Administración que resuelva con rapidez. La nueva ley ofrece instrumentos para avanzar en esa dirección, pero su éxito no se medirá por el número de órganos creados ni por los planes anunciados, sino por las empresas que se mantengan, las inversiones que lleguen y el empleo de calidad que realmente se genere.
