Maeztu admite que los socios de Chivite bloquean la reforma de la renta garantizada en Navarra
La consejera de Derechos Sociales confirma en el Parlamento que el Gobierno foral no ha logrado un acuerdo para modificar la ley, pese a que la presidenta anunció la reforma hace casi dos años.
La reforma de la renta garantizada en Navarra se queda sin acuerdo político. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha reconocido este miércoles en el Parlamento que los socios del Gobierno foral no han conseguido pactar los cambios anunciados por la presidenta María Chivite en octubre de 2024.
«No hemos llegado a un acuerdo con los socios de Gobierno sobre dicha reforma», ha afirmado Maeztu durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales, solicitada por el Partido Popular de Navarra. La consejera ha asegurado, no obstante, que su departamento seguirá trabajando para introducir mejoras dentro de la legislación actual.
Una reforma anunciada hace casi dos años
Chivite anunció en octubre de 2024 su intención de modificar la ley de renta garantizada para reforzar la vinculación de la prestación con la inclusión social y laboral. Sin embargo, Geroa Bai y Contigo-Zurekin habían expresado desde el principio sus discrepancias con la modificación.
La consejera ha explicado que la propuesta de su departamento se basaba en la experiencia acumulada durante los diez años de vigencia de la ley, las recomendaciones de los profesionales y los informes de la Cámara de Comptos. Maeztu ha defendido que se trataba de una reforma «pensada, justificada y rigurosa».
Entre los cambios planteados figuraban reforzar el derecho a la inclusión social desde el inicio, coordinar la renta garantizada con el Ingreso Mínimo Vital y mejorar la agilidad administrativa y los mecanismos de control de la prestación.
Maeztu defiende el modelo actual y plantea mejoras
La consejera ha reconocido que la ley vigente puede mejorarse, aunque ha reivindicado su papel como instrumento de protección social. También ha marcado distancias con las propuestas de UPN y del PP, a las que ha atribuido un enfoque de recorte de derechos.
«Nuestro modelo, a diferencia del de ustedes, no es el de dejar caer a las personas, sino el de acompañarlas y favorecer su inclusión», ha señalado Maeztu durante el debate.
Ante la falta de consenso para modificar la norma, el departamento pretende avanzar mediante medidas que no requieren una reforma legal. Entre ellas, ha citado el Plan Estratégico de Inclusión, la mejora de los itinerarios de inserción social, el impulso del empleo protegido y el refuerzo de la orientación profesional.
UPN y PP critican la marcha atrás del Gobierno
La parlamentaria del PP Maribel García Malo ha acusado al Gobierno de haber generado expectativas sobre una reforma que finalmente no se llevará a cabo. Ha criticado que durante meses se anunciara que los cambios estaban en preparación y ha reclamado explicaciones sobre la decisión de renunciar a ellos.
Por su parte, la representante de UPN, Raquel Garbayo, ha ofrecido el apoyo de su partido para retomar la reforma y ha señalado que todavía habría tiempo para impulsarla durante la legislatura.
Geroa Bai y Contigo-Zurekin mantienen su rechazo a cambiar la ley
Los socios del Ejecutivo han reiterado sus posiciones durante la comparecencia. La parlamentaria de Geroa Bai, Isabel Aramburu, ha defendido que el acuerdo de Gobierno contempla consolidar el modelo actual y modificar la ley solo si resulta necesario. Su grupo considera que es posible introducir mejoras sin cambiar la normativa.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha criticado que Chivite anunciara la reforma sin contar previamente con el respaldo de sus socios. A su juicio, fue «un error de bulto» y evidencia una mala gestión de la comunicación del Gobierno.
EH Bildu, por su parte, ha defendido que hay aspectos de la prestación que pueden mejorarse y que algunos de ellos requieren cambios legales, siempre que no supongan una reducción de derechos.
La comparecencia confirma así que la reforma anunciada por Chivite no saldrá adelante en los términos previstos, mientras el departamento de Derechos Sociales apuesta por introducir mejoras dentro de la ley vigente.
