Navarra aprueba la ley de víctimas del terrorismo pese a las críticas de ANVITE por la falta de protección frente a los homenajes a ETA
El Parlamento de Navarra ha aprobado la nueva Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo con los votos favorables de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN, EH Bildu, PPN y la parlamentaria no adscrita, y el voto en contra del Grupo Mixto. La norma amplía las prestaciones económicas, sanitarias y sociales, pero llega al final de su tramitación sin responder a algunas de las principales reivindicaciones de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE), que considera insuficientes las garantías frente a los actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas.
La aprobación se produce, por tanto, con avances en materia de indemnizaciones y asistencia, pero también con una controversia de fondo: cómo garantizar que la memoria, la dignidad y la reparación de quienes sufrieron el terrorismo de ETA tengan una protección efectiva y no se queden únicamente en declaraciones institucionales.
ANVITE ha reconocido que el texto incorpora mejoras respecto al proyecto inicial, pero sostiene que las víctimas siguen sin contar con una protección suficiente frente a los homenajes y actos de exaltación de la violencia terrorista. Entre sus demandas figuraba un régimen específico de infracciones y sanciones que permitiera actuar ante estas conductas y proteger los lugares de memoria. La asociación considera que las víctimas de ETA continúan en una situación de desprotección en este ámbito.
La AVT y COVITE, por su parte, han valorado positivamente la aprobación de la norma, aunque la AVT también ha señalado que todavía es necesario avanzar en una respuesta administrativa más amplia frente al enaltecimiento del terrorismo y la humillación a sus víctimas.
UPN logra incorporar el reconocimiento expreso de ETA, pero reclama más garantías
La abstención de UPN responde a su consideración de que, aunque la ley incorpora avances en las prestaciones, no constituye el texto que Navarra necesita para garantizar plenamente la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas.
Durante la tramitación, la formación foralista defendió distintas modificaciones para reforzar la protección de las víctimas y señalar expresamente la responsabilidad histórica de ETA. Entre las aportaciones que sí han quedado incorporadas figura una referencia en la exposición de motivos a ETA como la organización terrorista que más víctimas ha causado en Navarra.
UPN también respaldó el complemento extraordinario del 30% sobre las indemnizaciones estatales por responsabilidad civil, así como el aumento de una a dos sesiones ordinarias mínimas al año del Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo.
Sin embargo, otras propuestas de la formación no prosperaron. Entre ellas figuraba un régimen sancionador específico, con multas de hasta 150.000 euros, para actuar contra conductas de enaltecimiento o justificación del terrorismo y proteger la dignidad de las víctimas. También planteó que el Gobierno de Navarra ejerciera la acción popular en procedimientos penales relacionados con estas conductas y que se investigaran posibles homenajes a terroristas.
La ley aprobada no incorpora todas estas garantías, una de las cuestiones que ha alimentado las críticas durante su tramitación.
Un 30% más en indemnizaciones y nuevas ayudas para las familias
La nueva regulación sustituye a la Ley Foral 9/2010 y tendrá efectos retroactivos generales para los actos terroristas cometidos desde el 1 de enero de 1960, con la excepción de los daños materiales. Además, abre un plazo de cuatro años para reclamar determinadas ayudas complementarias pendientes por fallecimiento o lesiones.
Uno de los principales cambios es el incremento del 30% de determinadas indemnizaciones estatales por fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos. También se incorpora un complemento del 30% sobre las cantidades reconocidas por el Estado en concepto de responsabilidad civil, exista o no una sentencia judicial que las haya fijado. Esta última modificación fue aprobada mediante una enmienda conjunta de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y contó con el respaldo de UPN.
El texto contempla asimismo ayudas para reparar daños materiales en viviendas y establecimientos, asistencia sanitaria y psicológica, apoyo para acceder a vivienda protegida, becas de estudio, medidas de inserción laboral y posibles beneficios fiscales. Las prestaciones podrán alcanzar también a familiares y personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia.
Memoria, retirada de símbolos y obligaciones para los ayuntamientos
La norma establece que el Gobierno de Navarra deberá elaborar en un plazo de dos años un censo de espacios de memoria de las víctimas del terrorismo. También prevé actuaciones para retirar de las vías públicas elementos contrarios a su memoria y dignidad o que legitimen cualquier forma de violencia terrorista.
Estas obligaciones se extienden a las entidades locales. Si un ayuntamiento no actúa, el Ejecutivo foral podrá intervenir y ejecutar las medidas necesarias a costa de la administración correspondiente. La regulación alcanza incluso a determinados elementos situados en edificios privados con proyección sobre espacios visibles de acceso o uso público.
Además, se incorporarán cláusulas en subvenciones, contratos públicos y convenios para impedir que los fondos públicos se destinen a actividades de legitimación, ensalzamiento o justificación de la violencia terrorista.
La aplicación de estas previsiones deberá concretarse mediante el desarrollo normativo correspondiente. Precisamente, la reclamación de ANVITE de contar con instrumentos sancionadores claros y eficaces pone el foco en la diferencia entre reconocer la dignidad de las víctimas en una ley y disponer de mecanismos efectivos para protegerla.
La norma crea también el Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo, con cuatro vocalías reservadas a las asociaciones más representativas, y establece el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como jornada anual de recuerdo y reconocimiento.
