UPN exige al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que apoyen económicamente a Maristas II
Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha reclamado al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que se impliquen económicamente en la promoción de la Cooperativa de Maristas II, en la que están implicadas 108 familias adjudicatarias. La formación ha presentado una declaración para la próxima comisión de Urbanismo y ha anunciado su apoyo a la concentración convocada por las familias este sábado en la Plaza del Castillo.
UPN reclama una solución para las 108 familias
Los regionalistas han pedido una «movilización total de la Administración pública» y consideran que las familias se encuentran en una situación de incertidumbre sin una solución por parte del Gobierno foral, el Ayuntamiento ni la gestora de la cooperativa.
UPN sostiene que existen precedentes que permitirían a las administraciones intervenir para garantizar la continuidad de la promoción. Como ejemplo, cita cuatro viviendas de protección oficial de alquiler construidas por Nasuvinsa en Garralda, cuyo coste, según la formación, superó en 4,28 veces el precio del módulo de VPO.
La formación afirma que, si se hubiera respetado dicho módulo, el coste de esa actuación habría permitido construir 17 viviendas en lugar de las cuatro ejecutadas.
Los regionalistas señalan también la promoción municipal de vivienda protegida
UPN recuerda asimismo que el Ayuntamiento de Pamplona ha impulsado, a través de Pamplona Ciudad Habitable (PCH), viviendas protegidas para la venta en el Casco Antiguo con un coste superior al módulo máximo.
A juicio de los regionalistas, estos precedentes demuestran que las administraciones pueden asumir costes de construcción superiores al módulo de vivienda protegida y ofrecer después los inmuebles a precios ajustados a ese límite.
La formación defiende que este criterio debería aplicarse también a Maristas II. Además, sostiene que las familias no eligieron libremente el sistema cooperativo, sino que les fue asignado mediante el censo oficial, y recuerda que este modelo ya se ha prohibido para futuras promociones.
UPN insiste en que tanto el Ejecutivo foral como el Consistorio deben implicarse económicamente para buscar una salida a la situación de las 108 familias.
