Las obras de Belate se complican tras el rechazo jurídico al pago de 8,3 millones en sobrecostes
El Gobierno de Navarra se queda sin la vía prevista para abonar los sobrecostes
Las obras de duplicación de los túneles de Belate afrontan un nuevo escenario de incertidumbre después de que la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra haya rechazado la fórmula planteada para abonar alrededor de 8,3 millones de euros en sobrecostes a la UTE formada por Acciona y Excavaciones Osés.
El Ejecutivo foral estudiaba recurrir a la figura del denominado enriquecimiento injusto para dar cobertura al pago de determinados trabajos realizados al margen de las condiciones económicas inicialmente previstas en el contrato. Sin embargo, el informe jurídico ha frenado esta posibilidad y obliga ahora a replantear cómo continuar con una infraestructura que acumula discrepancias económicas y retrasos.
La obra ya avanzaba a un ritmo muy reducido
El problema jurídico llega en un momento en el que los trabajos de Belate ya se encontraban prácticamente detenidos en su parte principal. Después de completar en junio el denominado cale, que permitió conectar las dos bocas del nuevo túnel, estaba previsto comenzar la fase de ‘destroza’.
Esta etapa consiste en profundizar aproximadamente otros dos metros y medio en la galería para completar la sección del túnel. El propio Gobierno había previsto inicialmente que estos trabajos se prolongasen durante unos seis meses.
Sin embargo, durante el verano apenas se ha avanzado en esta fase. El Ejecutivo navarro ha defendido que no se trata de una paralización total, sino de una situación intermedia entre distintas fases de ejecución, aunque el ritmo de los trabajos ha generado preocupación en el entorno de Belate.
8,3 millones de euros pendientes de encaje
La cantidad que se encuentra en el centro de la disputa asciende a unos 8,3 millones de euros. Se trata de costes incorporados al primer modificado del proyecto y que recibieron un reparo suspensivo por parte de la Intervención General.
Entre los conceptos incluidos aparecen el nuevo modelo de cerchas empleado durante la construcción, cuyo coste sería notablemente superior al inicialmente previsto, además de los polvorines, una depuradora y diferentes cantidades relacionadas con la pérdida de rendimiento durante la excavación.
La Intervención General había cuestionado que algunos de estos cambios pudieran justificarse como consecuencia de circunstancias imprevisibles o de exigencias técnicas inevitables, apuntando a que determinadas modificaciones responderían a decisiones o conveniencias de la empresa adjudicataria.
El Gobierno tendrá que buscar ahora una alternativa
El Ejecutivo de María Chivite asumió en su momento el reparo formulado por Intervención, pero decidió mantener la ejecución de las obras mientras trataba de encontrar una solución jurídica que permitiera afrontar las cantidades reclamadas.
El rechazo de la Asesoría Jurídica obliga ahora a revisar tanto el encaje económico como la planificación técnica de los trabajos pendientes. El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha reconocido que todos los escenarios están abiertos y que será necesario analizar cómo continuar con la actuación.
El Gobierno ya ha trasladado la situación a sus socios de Ejecutivo y también ha mantenido una reunión con Acciona y Excavaciones Osés. Según explicó Chivite, ambas compañías han mostrado su disposición a intentar alcanzar un acuerdo.
El Gobierno ya ha abonado 39 millones por las obras
Desde el comienzo de los trabajos, en abril de 2024, hasta la conexión de las dos bocas del túnel en junio de 2026, el Gobierno de Navarra ha abonado alrededor de 39 millones de euros a la adjudicataria.
La situación actual se produce después de meses de discrepancias entre la Administración y las empresas sobre los costes de ejecución. La UTE había recurrido además varias certificaciones de obra, lo que ha contribuido a complicar todavía más la relación contractual.
Preocupación entre los socios del Gobierno
El nuevo revés jurídico también ha provocado malestar entre los socios que sostienen al Ejecutivo navarro. Geroa Bai, Contigo Navarra y EH Bildu han reclamado más información a la presidenta María Chivite y han pedido conocer con detalle qué decisiones se han tomado y cuáles pueden ser las consecuencias económicas y políticas.
Las tres formaciones han coincidido en reclamar que no se abonen cantidades que no estén debidamente justificadas y han planteado la necesidad de determinar responsabilidades políticas si finalmente se considera que se ha producido una gestión inadecuada de la obra.
Una infraestructura estratégica para Navarra
La duplicación de los túneles de Belate forma parte de la transformación de la N-121-A y constituye una de las actuaciones más importantes previstas para mejorar la seguridad y las comunicaciones entre Pamplona y el norte de Navarra.
Precisamente por la relevancia de la infraestructura, la incertidumbre actual preocupa especialmente en el valle de Baztan y entre los usuarios habituales de esta carretera. El calendario previsto inicialmente contemplaba que la fase de ‘destroza’ se desarrollara durante seis meses, aunque el propio Gobierno ya ha reconocido que los plazos inicialmente planteados se están viendo afectados.
El Ejecutivo navarro deberá ahora resolver el conflicto económico y jurídico con la adjudicataria antes de poder recuperar un ritmo normal de ejecución, mientras crece la presión política para aclarar qué ha ocurrido y garantizar que la obra pueda completarse con todas las garantías legales y económicas.
