El PP acusa al Gobierno de Navarra de diluir el reconocimiento a las víctimas de ETA
El presidente del PP, Javier García, ha criticado el proyecto de Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo y ha anunciado las enmiendas de su formación para reforzar el reconocimiento específico de las víctimas de ETA.
García sostiene que la norma no debe incluir a las víctimas del terrorismo dentro de un concepto genérico de violencia y reclama medidas concretas de reparación, memoria, educación y apoyo social.
Entre sus propuestas figuran un régimen sancionador frente a actos de humillación o exaltación del terrorismo, consecuencias para quienes incurran en estas conductas respecto a determinadas ayudas públicas y medidas para impedir su acceso al empleo público dentro del marco legal.
El PP reclama más memoria y reparación para las víctimas
El PPN plantea además incorporar al currículo educativo contenidos sobre terrorismo, víctimas y valores democráticos, así como facilitar que las propias víctimas puedan acudir a los centros educativos para contar sus experiencias.
También propone mejorar indemnizaciones y ayudas, agilizar el reconocimiento de situaciones de dependencia, garantizar la complementariedad con las ayudas estatales y reconocer a quienes tuvieron que abandonar Navarra por las amenazas de ETA.
García ha asegurado que el PP está dispuesto a negociar la ley, pero condiciona su apoyo a que se mantenga un reconocimiento específico de las víctimas del terrorismo y se incorporen medidas de reparación y protección de su memoria.
García cuestiona la gestión del Gobierno en los túneles de Belate
Durante la misma rueda de prensa, el presidente del PP también ha criticado la decisión de que el director facultativo de Belate, Benjamín Lasheras, participe en la liquidación de las obras de los túneles.
García ha cuestionado que Lasheras, responsable de las certificaciones de la obra, continúe en su puesto y vaya a asumir ahora esta función, después de que el PP hubiera reclamado su dimisión.
El dirigente popular ha puesto en duda la gestión del Gobierno de Navarra y ha cuestionado si sus decisiones responden, a su juicio, a la defensa de los intereses de la Hacienda Foral y de los navarros.
