El Parlamento de Navarra reclama facilitar el acceso a terapias génicas contra dos enfermedades sanguíneas hereditarias
La Comisión de Salud ha aprobado una resolución para instar a los gobiernos de Navarra y de España a facilitar la autorización y financiación de la terapia génica Exa-Cel (CASGEVY) para pacientes con beta-talasemia dependiente de transfusiones y enfermedad de células falciformes, siempre que esté indicada clínicamente.
La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y el Grupo Mixto. Geroa Bai ha votado en contra.
El texto reclama al Ejecutivo foral que, a través de su representante en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, facilite la aprobación de estas terapias. También emplaza al Gobierno central a permitir su administración dentro del Sistema Nacional de Salud y exige a ambas administraciones que informen del resultado de la votación.
Una terapia génica para pacientes con enfermedades graves
La propuesta, impulsada conjuntamente por UPN, PSN, EH Bildu, PPN y Contigo-Zurekin, tiene su origen en una sesión de trabajo celebrada con las asociaciones ALHETA y ASAFE.
En ese encuentro se expuso la gravedad de la beta-talasemia mayor y la enfermedad de células falciformes, dos patologías hereditarias que pueden provocar daños orgánicos, crisis de dolor intenso y una elevada dependencia de transfusiones y otros tratamientos, incluido el trasplante de médula ósea.
La terapia Exa-Cel, comercializada como CASGEVY, utiliza células madre del propio paciente modificadas mediante la tecnología CRISPR/Cas9 para reactivar la producción de hemoglobina fetal. De este modo, puede reducir la dependencia de transfusiones en pacientes con beta-talasemia y las crisis vasooclusivas en personas con enfermedad de células falciformes, sin necesidad de recurrir a un donante compatible.
Los grupos reclaman valorar su coste a largo plazo
Los grupos promotores consideran que, aunque se trata de un tratamiento con un elevado coste inicial, su evaluación debe tener en cuenta también el gasto sanitario acumulado durante toda la vida del paciente, como transfusiones, hospitalizaciones, tratamientos y complicaciones.
La resolución defiende asimismo que se valoren las consecuencias sociales, familiares y laborales de estas enfermedades y el impacto que podría tener el acceso a una terapia que ofrece nuevas posibilidades de tratamiento.
