El Colegio Navarro de Periodistas defiende su gestión y reivindica la legitimidad de su Junta de Gobierno
El decano del Colegio Navarro de Periodistas, Patxi Pérez, ha remitido un escrito a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Parlamento de Navarra para trasladar la posición de la actual Junta de Gobierno después de las críticas expresadas recientemente por varios colegiados en la Cámara.
En la carta, fechada el 5 de noviembre, la Junta cuestiona algunas de las afirmaciones realizadas durante esas comparecencias y sostiene que varias de las cuestiones planteadas ya habían sido aclaradas en una reunión con los colegiados celebrada el día anterior. El Colegio respeta el derecho de sus miembros a expresar discrepancias y trasladar sus preocupaciones a las instituciones, pero considera necesario que el Parlamento conozca también su versión sobre la situación de la entidad, su funcionamiento y las actuaciones emprendidas.
El proceso electoral de diciembre de 2025
Uno de los principales asuntos abordados en el escrito es el proceso electoral que dio lugar a la actual Junta de Gobierno. Según recuerda el Colegio, la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2025 proclamó ganadora a la única candidatura admitida, que obtuvo 26 votos a favor, uno en blanco y 18 votos nulos. La nueva Junta tomó posesión de sus cargos de manera inmediata.
La dirección del Colegio destaca que el Defensor del Pueblo de Navarra, en el expediente Q25/1685, no apreció irregularidades en el procedimiento electoral. No obstante, sí formuló recomendaciones para mejorar su regulación, especialmente en lo relativo a la creación de una junta electoral independiente y al procedimiento de presentación y resolución de reclamaciones.
La Junta asegura haber respondido a estas consideraciones y manifiesta su disposición a impulsar una reforma consensuada del sistema electoral, que deberá debatirse y aprobarse a través de la Asamblea General.
En este sentido, insiste en que deben diferenciarse las recomendaciones destinadas a perfeccionar un procedimiento de la existencia de irregularidades en su aplicación. A su juicio, son cuestiones distintas que no deben confundirse.
Transparencia y dificultades económicas
La carta también se detiene en las críticas relacionadas con la transparencia y el funcionamiento interno del Colegio. La Junta recuerda que el pasado 3 de noviembre celebró una reunión con los colegiados en la que se abordaron las principales cuestiones relativas a la situación de la institución.
Durante ese encuentro se informó sobre la evolución del censo colegial, el contenido del acta de la Asamblea del 27 de diciembre de 2025, la resolución del Defensor del Pueblo y las actuaciones emprendidas por la actual dirección. También se trataron las obligaciones estatutarias relacionadas con las cuentas, los presupuestos y las memorias.
La situación económica ocupó igualmente una parte de la reunión. Según explica el escrito, se planteó la realización de una auditoría externa e independiente y se presentaron las medidas contempladas en el Plan de Viabilidad Económica, entre ellas la actualización de las cuotas colegiales.
El Colegio sostiene que toda la documentación estuvo a disposición de los asistentes y que los asuntos pudieron debatirse con normalidad. La Junta defiende que la transparencia y la rendición de cuentas son principios que está ejerciendo ante los propios órganos de participación de la entidad, y no cuestiones que pretenda eludir.
La Junta reivindica el trabajo realizado desde su llegada
Otro de los apartados de la comunicación está dedicado a las actuaciones desarrolladas desde la toma de posesión. La actual dirección afirma que ha trabajado para reactivar la actividad del Colegio y reforzar su presencia institucional y profesional.
Entre las iniciativas que destaca figura la constitución de comisiones de trabajo y la apertura de distintas líneas de colaboración, tanto dentro de la propia organización como en su relación con otras instituciones.
La Junta cita los contactos mantenidos con la Red de Colegios de Periodistas, el trabajo en materia de formación y código deontológico y las iniciativas relacionadas con la fiscalidad de los periodistas autónomos. También menciona las alegaciones presentadas al Foro de Gobierno Abierto para reclamar una mayor participación de los colegios profesionales, así como el apoyo a iniciativas culturales y los trabajos dirigidos a mejorar los procedimientos y la organización interna.
La dirección reconoce que el Colegio tiene margen de mejora y que todavía afronta retos importantes. Sin embargo, considera que las críticas no reflejan el conjunto de las actuaciones realizadas y rechaza que se traslade una imagen de inactividad que, en su opinión, no se corresponde con el trabajo desarrollado.
Respuesta a las críticas sobre la trayectoria de la institución
La Junta también responde a las referencias realizadas durante las intervenciones parlamentarias sobre una supuesta dejadez institucional prolongada. En este punto, recuerda que algunas de las personas que ahora cuestionan la gestión también formaron parte de anteriores juntas de gobierno y considera que esa trayectoria debe tenerse en cuenta a la hora de valorar sus declaraciones.
El escrito no niega las deficiencias acumuladas ni las dificultades económicas que ha tenido que afrontar el Colegio. Al contrario, sostiene que buena parte del trabajo de la actual dirección está precisamente orientado a corregirlas y a dotar a la institución de una estructura más sólida y sostenible.
La Junta considera necesario distinguir entre la legítima discrepancia sobre la gestión y el cuestionamiento de la propia institución o de su legitimidad. Defiende que las diferencias internas deben poder expresarse y debatirse, pero sin perder de vista el papel del Colegio como corporación de derecho público creada por el Parlamento de Navarra.
Una corporación de adscripción voluntaria
En la parte final de la carta, el Colegio recuerda que se trata de una corporación de derecho público de adscripción voluntaria y que su legitimidad democrática se sustenta en sus Estatutos, en los procesos electorales celebrados conforme a ellos y en la voluntad de los colegiados expresada a través de la Asamblea General.
Por ello, la actual Junta pide que las cuestiones relativas a la entidad se aborden con conocimiento de todas las circunstancias y desde el respeto a sus órganos democráticos. Patxi Pérez concluye ofreciendo a los grupos parlamentarios la posibilidad de facilitar cualquier documentación o aclaración adicional que consideren oportuna.
