El Parlamento pide evaluar el impacto de la regularización de inmigrantes en Navarra
La Comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias ha aprobado una iniciativa de UPN para que el Gobierno foral evalúe las consecuencias de la regularización extraordinaria de personas migrantes en Navarra. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de UPN, Geroa Bai, PPN y Grupo Mixto, frente al rechazo de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin.
La resolución establece dos evaluaciones: una primera en marzo de 2027, una vez transcurridos seis meses desde el final del plazo para resolver las solicitudes, y otra en septiembre de ese mismo año, al cumplirse doce meses. Los resultados deberán hacerse públicos durante los dos meses siguientes a cada fecha.
Empleo, servicios públicos y recaudación fiscal
El análisis deberá abordar el impacto de la regularización en distintos ámbitos. En materia laboral, incluirá las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, los contratos formalizados, los sectores de actividad, el trabajo autónomo, las personas inscritas como demandantes de empleo y la posible incidencia sobre la economía sumergida.
También deberá estudiar las consecuencias sobre los servicios públicos y el acceso a derechos como la renta garantizada, la atención sanitaria y social, la vivienda y la escolarización. La evaluación tendrá que incorporar igualmente los efectos sobre la recaudación de la Hacienda Foral y la diversidad y riqueza cultural de Navarra.
Según los datos recogidos en la iniciativa, el proceso extraordinario, tramitado entre el 16 de abril y el 30 de junio, registró 14.886 solicitudes en Navarra, dentro de un total de 1.174.978 en el conjunto de España.
Rechazada la propuesta de adaptar los servicios públicos
La iniciativa original incluía un segundo punto para instar al Gobierno de Navarra a redimensionar los servicios públicos y las políticas activas de empleo en función de los resultados de las evaluaciones, con el objetivo de garantizar una atención adecuada al conjunto de la ciudadanía.
Sin embargo, esta parte fue rechazada con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Grupo Mixto, mientras que UPN y PPN votaron a favor.
De este modo, la resolución aprobada obliga al Ejecutivo foral a realizar y publicar los análisis, pero no incorpora el compromiso de adaptar los recursos y servicios públicos a las necesidades que puedan detectarse.
