Navarra se compromete a acoger a menores migrantes de Ceuta
La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha defendido que Navarra debe “primar la protección” de los menores migrantes de Ceuta y ha reclamado una “solidaridad compartida” entre las comunidades autónomas.
Durante una interpelación de UPN en el Parlamento de Navarra, Maeztu ha asegurado que el Gobierno foral cumplirá con su responsabilidad y, si fuera necesario, reorganizará el sistema de protección o creará nuevas plazas.
El Gobierno defiende un modelo integral de atención
Maeztu ha señalado que Navarra cuenta con una planificación a medio plazo basada en la Estrategia de apoyo a la infancia y adolescencia 2025-2030. Ha insistido en que la atención no se limita a crear plazas, sino que incluye las necesidades educativas, sociales y de inserción laboral de los menores tutelados.
La consejera ha pedido cooperación entre administraciones y ha rechazado “levantar muros” ante la petición de ayuda realizada por Ceuta.
UPN reclama límites a la acogida
La portavoz de UPN, Cristina López, ha defendido que los menores puedan regresar con sus familias o quedar bajo la protección de los servicios sociales de sus países de origen. Si deben permanecer en España, ha apostado por una acogida repartida entre todas las comunidades.
UPN ha reclamado además que Navarra no supere su capacidad ordinaria de atención y que se garantice la convivencia y la seguridad en los centros y localidades de acogida.
Los grupos del Gobierno apoyan la acogida
PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han respaldado que Navarra participe en la acogida. Olga Chueca (PSN) ha acusado a UPN de utilizar la situación de los menores como arma política, mientras que Javier Arza (EH Bildu) ha reclamado reforzar el sistema público de protección y el acompañamiento tras los 18 años.
Geroa Bai ha defendido una distribución “justa y equitativa” entre comunidades, y Contigo-Zurekin ha reclamado garantizar oportunidades a los menores en situación de vulnerabilidad. El PPN, por su parte, ha pedido que el Gobierno de España asuma sus responsabilidades y garantice una atención adecuada y segura.
