«Perder bien»

En España hubo dos amnistías que se parecen más de lo que a cada bando le gusta recordar. En la primavera de 1934 salió de la cárcel un general condenado a muerte por sublevarse contra la República. En febrero de 1936, a los pocos días de ganar las elecciones, el Frente Popular abrió las puertas a los presos de la insurrección de octubre de 1934. Las dos se defendieron como generosidad, o como justicia, o como simple higiene política, y cada bando recuerda con detalle la del otro y con bastante vaguedad la propia. Ninguna de las dos fue una cobardía. Las dos fueron, eso sí, una señal: quienes las aprobaron trataron lo ocurrido como un exceso de los suyos y no como una ruptura de las reglas.

Para entender por qué importa eso hay que empezar por una definición de democracia que suena a insulto. El politólogo Adam Przeworski la escribió en 1991, en Democracy and the Market: «La democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones». No dice que se gobierne bien ni que el pueblo acierte. Dice que la derrota existe, que se puede soportar y que es provisional; Juan Linz, a quien Przeworski cita, lo había resumido llamando a la democracia un gobierno pro tempore. Para que el perdedor se avenga a esperar necesita dos cosas: creer que volverá a tener su oportunidad y que nadie le hará trampas mientras tanto.

Linz fue el primero en poner nombre al personaje que decide si eso funciona. Distinguió entre la oposición leal, la desleal y la semileal. La desleal quiere acabar con el régimen y lo dice, lo cual tiene su claridad. La semileal es más interesante, porque no se declara enemiga: usa las reglas cuando gana, las discute cuando pierde y, cuando alguno de los suyos se pasa de la raya, mira hacia otro lado. No hace falta derogar nada. Basta con que alguien empiece a tratar la derrota como un error del recuento y no como un resultado.

Para medirlo conviene hacer tres preguntas, las mismas para todos. ¿Rechaza la violencia sin peros? ¿Acepta que el rival gobierne cuando gana? ¿Rompe con los suyos cuando se pasan? Apliquémoslas a los dos lados de la Segunda República, hecho a hecho.

En agosto de 1932, el general Sanjurjo, nacido en Pamplona, proclamó en Sevilla un golpe militar que se vino abajo en cuestión de horas. Fue juzgado, condenado a muerte y salvado de la pena; la amnistía de 1934 hizo el resto. Enfrente, los anarquistas de la CNT-FAI se alzaron en varias ocasiones contra una república que despreciaban por burguesa, y esa fue una deslealtad declarada, la más honrada de todas.

Tras las elecciones de noviembre de 1933 se vio quién perdía bien. Las memorias de Alcalá-Zamora, que hay que leer con la cautela debida a un testigo con cuentas pendientes, recogen presiones de dirigentes de la izquierda republicana para anular el resultado o retrasar la entrega del poder. En la otra orilla, un Gil-Robles que en campaña había presentado la democracia como un medio y no como un fin se topó con un presidente que, pese a ser su partido el más votado, le negó el Gobierno. Unos amagaron con no aceptar la derrota; los otros recibieron una victoria sin llave.

En marzo de 1934, un monárquico, un general y dos carlistas viajaron a Roma y pactaron con Mussolini armas y dinero para derribar el régimen. En septiembre, un cargamento de fusiles del yate Turquesa, en el que andaba metido Indalecio Prieto, desembarcó en Asturias. Dos preparativos, uno por cada lado, y los dos anteriores a octubre. Cuando en octubre tres ministros de la CEDA entraron en el Gobierno, algo perfectamente legal que la izquierda vivió como el principio del fin, el PSOE y la UGT se lanzaron a la insurrección y la Generalitat proclamó un Estado catalán. Hubo más de mil muertos y entre quince y treinta mil presos, según quién cuente. Años después Prieto se declaró culpable de aquel movimiento y habló de culpa, no de gloria. Fue una confesión poco frecuente, de un lado y de otro.

En la noche del 16 de febrero de 1936, con el recuento sin cerrar, Gil-Robles fue a ver al presidente del Gobierno, Portela, para pedirle el estado de guerra, y Franco movió hilos en el Ministerio de la Guerra con el mismo propósito. Gil-Robles sostuvo luego que buscaba preservar el orden, no dar un golpe, y los historiadores se reparten entre quienes le creen y quienes ven un amago. En la calle, mientras tanto, multitudes de izquierda tomaban ayuntamientos y abrían cárceles, y Portela dimitió el día 19 con el escrutinio por terminar. Los que perdían presionaron para que el resultado no cuajase; los que ganaban, para cobrarlo cuanto antes.

Aquella primavera, cada bloque tuvo sus frenos y sus aceleradores. El 1 de mayo Prieto pronunció en Cuenca un discurso contra la retórica revolucionaria de su propio partido, y la facción de Largo Caballero le impidió formar Gobierno. En Pamplona, el general Mola, llegado a mediados de marzo, preparaba una sublevación.

Hasta aquí, la contabilidad simétrica es posible, y quien la haga con honradez saldrá mal parado por los dos lados. Pero la contabilidad se acaba en julio. El día 12 fue asesinado el teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, por pistoleros de extrema derecha; el 13, Calvo Sotelo, a manos de guardias de asalto y militantes socialistas. Ninguna regla justifica ninguno de los dos crímenes. Lo del 17 y el 18 fue otra cosa: parte de un ejército, con su cadena de mando, decidió derribar a un gobierno. Los semileales hablan, pactan, amagan, amnistían y miran a otra parte. Un golpe militar no es semilealtad, es deslealtad con uniforme. Esa diferencia no se diluye, aunque todo lo demás pueda repartirse.

Cuánto pesa cada cosa lo discuten los historiadores, y conviene saber cómo. Santos Juliá y Julián Casanova sostienen que la guerra nace de la sublevación y que equiparar octubre de 1934 con un golpe fuerza la comparación. Stanley Payne y, con más cautela, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García subrayan el proceso revolucionario y las irregularidades del escrutinio de 1936, aunque estos últimos advierten contra el uso de su libro para justificar el golpe; Eduardo González Calleja y Francisco Sánchez Pérez discuten con datos que aquel fraude fuera decisivo. Nigel Townson añade lo que faltó: un centro que aguantara. Son lecturas distintas de cómo repartir la responsabilidad, no una discusión sobre si el 18 de julio fue un golpe. Lo fue.

En Navarra esto no suena a historia ajena. Sanjurjo nació en Pamplona; Mola ultimó allí la sublevación; el comandante de la Guardia Civil, José Rodríguez-Medel, le respondió que el cuerpo seguiría con el Gobierno y acabó fusilado. Navarra no tuvo frente de guerra, pero tuvo retaguardia, y los trabajos que recoge el Gobierno foral cifran en más de 3.400 las personas asesinadas por la represión. Citarlo no es acusar a nadie. Es dejar constancia de que lo que aquí se discute tuvo nombres y apellidos muy cerca.

México ofrece un contrapunto en 1988. Cuauhtémoc Cárdenas rechazó los resultados oficiales, convocó mítines enormes y presentó denuncias; no hubo alzamiento, y el Colegio Electoral ratificó la victoria de Salinas, que las cifras oficiales sitúan algo por encima del 50 %. Cárdenas perdió sin disparar un tiro y de poco le sirvió, porque perder bien exige un árbitro en el que se confíe. Sin él, el perdedor ejemplar es un perdedor a secas.

Queda la pregunta que ninguna encuesta hace. Si mañana perdiera mi bando, limpiamente, ¿qué estaría dispuesto a justificar? ¿Buscaría la trampa antes que la prueba? ¿Dejaría que los míos se pasaran de la raya y los amnistiaría después? Cada lector puede contestarla con el bando que prefiera, que es precisamente lo que se pide: que la respuesta no cambie con el color.

Przeworski dejó escrito que la democracia es el sistema donde se pierde. Yo añadiría que es aquel donde el perdedor sabe que le dejarán volver por la misma puerta por la que se fue, y se comporta de manera que a él también se le pueda dejar.

Román Luzán, III entrega de Democracia: manual de mantenimiento