«Una muerte con quórum»

Dieciocho de julio de 1930: 236 votos contra 221. El Reichstag acababa de ganar. Había derogado un decreto del canciller, que es exactamente lo que la Constitución le permitía hacer, y lo había conseguido con una mayoría de lo más variopinta: socialdemócratas, comunistas, nazis y buena parte de los nacionalistas, gente que no se ponía de acuerdo ni sobre la hora.

Conviene retroceder dos días. El 16 de julio, el Parlamento había rechazado un proyecto del Gobierno de Heinrich Brüning para cubrir el déficit con impuestos y recortes. Brüning gobernaba sin mayoría desde marzo y no se inmutó: pidió al presidente Hindenburg que convirtiera el proyecto en decreto de emergencia, al amparo del artículo 48. El texto que los diputados acababan de tumbar volvía a la vida con otra firma. La base constitucional de la maniobra era dudosa entonces y lo sigue siendo para los juristas.

Así que el 18 los diputados hicieron lo único que podían hacer: votar contra el decreto. Y ganaron. Ese mismo día, el canciller pidió la disolución y el presidente la decretó, con arreglo al artículo 25 de la Constitución, que le daba esa facultad. El 26 de julio apareció otro decreto sobre lo mismo, con retoques y con un título que ya era una promesa: «para remediar las penurias financieras, económicas y sociales». Esta vez no había Parlamento que pudiera votar nada; la próxima ocasión sería la del Reichstag que saliera de las urnas.

Fíjense en la secuencia. El Parlamento rechaza, el Gobierno decreta, el Parlamento anula, el Gobierno disuelve y vuelve a decretar. Cada paso, mirado por separado, tenía amparo en las normas. El conjunto era otra cosa: dos victorias parlamentarias en dos días y ni una sola decisión tomada por el Parlamento. Ganar había sido el procedimiento para perder.

Y nótese lo razonable que sonaba todo. Había un déficit, había una crisis en marcha y había una justificación a mano: la urgencia. No hizo falta ningún malvado, bastó una excepción con buenos motivos. Lo que nació como remedio para una emergencia se fue convirtiendo en método de gobierno.

A esto le llamo, con poca poesía, vaciamiento del procedimiento: se conservan las formas y se pierde la función. Siguen las votaciones, las actas, las firmas, los quórums. Lo que desaparece es la conexión entre lo que se vota y lo que ocurre después. Un procedimiento vaciado es muy cómodo para quien lo vacía, porque nadie puede acusarle de saltarse nada: se limita a usar, una tras otra, herramientas que están en el cajón.

¿Murió Weimar aquel día? Depende de a quién se pregunte, y conviene desconfiar de quien responda con demasiada seguridad. Karl Dietrich Bracher tituló su clásico de 1955 La disolución de la República de Weimar, y una parte importante de la historiografía alemana ha puesto en 1930 el cambio real de régimen, con el paso a los gabinetes presidenciales. Otros subrayan que hasta bien entrado 1932 había alternativas, y sobre el propio Brüning se discute todavía si fue el último baluarte de la república, su enterrador, o las dos cosas a la vez. No voy a zanjar el pleito. Me quedo con una tesis más modesta y, creo, más útil: aquel día no murió el régimen, murió el procedimiento. Un régimen sin procedimiento se parece a un edificio al que le han quitado la estructura: puede seguir en pie bastante tiempo y tener buen aspecto desde la calle.

Lo que vino después fue la demostración. En septiembre de 1930 hubo elecciones y el Partido Nazi pasó del 2,6 % de 1928 al 18,3 %: de doce escaños a 107, segunda fuerza del Reichstag. El 13 de octubre, cuando se constituyó la nueva Cámara, los diputados nazis se presentaron con el uniforme pardo del partido, pese a la prohibición de uniformes. Era una forma de decir, sin abrir la boca, lo que pensaban de las normas. Y las normas, curiosamente, se quedaron mirando: el decreto del 26 de julio sobrevivió a las mociones para anularlo. El Parlamento que salió de las urnas era más difícil de manejar, y el sistema respondió como ya había aprendido: gobernando sin él. Vinieron los gabinetes presidenciales, que no dependían de mayorías parlamentarias sino de la confianza del presidente, y el artículo 48 pasó de excepción a rutina. En 1932 el paro registrado rondaba los 5,6 millones de personas de media anual, y el elector cansado escuchaba a quien le prometía lo que ningún procedimiento le daba: resultados.

No quiero contar esto como un plano inclinado en el que cada paso empuja al siguiente. No lo fue. Hubo decisiones, hubo alternativas y hubo gente que decidió mal teniendo otras opciones; sobre eso volveremos en otro artículo. Tampoco quiero que la elegancia jurídica del asunto oculte lo demás: la violencia de las milicias, las SA nazis pero no solo ellas, era paisaje diario, y en 1933 la ley convivió sin pudor con el terror. El 28 de febrero, tras el incendio del Reichstag, un decreto «para la protección del pueblo y del Estado» suspendió derechos fundamentales. Pasadas las elecciones del 5 de marzo, las 81 actas comunistas fueron anuladas. Había orden, y había miedo.

Weimar no es el espejo de nadie, y quien busque aquí un «estamos en 1932» se llevará un disgusto. No lo hay ni lo habrá. Las analogías rápidas sirven para los titulares y para entender poco. Alemania tenía una derrota a cuestas, una moneda destrozada hacía pocos años, paramilitares uniformados y una Constitución con un artículo 48. Ninguna otra democracia tuvo exactamente esa combinación, y por eso interesa: no para copiar la lección, sino para aprender a mirar.

Esta serie se llama «manual de mantenimiento» por una razón poco épica: casi nada de lo que rompe una democracia ocurre el día en que se rompe. Ocurre antes, en revisiones que nadie hizo, en piezas que se dejaron aflojar porque de momento funcionaba. Un manual de mantenimiento no cuenta la catástrofe; cuenta la avería que la precede, y casi siempre la avería tenía aspecto de trámite: una firma, una votación, un artículo que estaba ahí por si acaso. De ahí que hayamos empezado por un día de julio en el que, formalmente, no pasó nada grave.

Para eso necesitamos casos, y vamos a usar tres que fallan de maneras distintas. Weimar, que se desmonta con sus propias reglas. La Segunda República española, que se rompe por otra vía, la de la ruptura abierta. Y el México posrevolucionario, que ofrece el caso contrario: una permanencia sin alternancia, un régimen que celebraba elecciones y no las perdía. Tres maneras de fallar y una pregunta común: quién dejó de defender el sistema, y cuándo cada decisión todavía parecía razonable. Al final volveremos a casa, a España y a Navarra, con los instrumentos ya a mano.

Marzo de 1933. El Reichstag es un edificio quemado y la Cámara se reúne en la ópera Kroll, rodeada de SA. El día 23, 444 votos a favor y 94 en contra: solo el SPD se opone, con Otto Wels al frente. Wels habló antes de la votación y dejó una defensa de la democracia parlamentaria que todavía se cita; lo que no pudo dejar fue otro resultado. Los comunistas no están, y los ausentes sin excusa cuentan como presentes, porque la ley exigía quórum y el quórum se arregló. Es un ejemplo bastante puro de procedimiento al servicio de su propia extinción.

El título de la ley era «Ley para remediar la penuria del pueblo y del Reich». En alemán, la misma palabra abre los dos títulos, el de 1933 y el de aquel decreto de julio de 1930: Behebung, remedio. Las dos veces, el texto llegó con la misma promesa en la portada. La Constitución, por cierto, no se derogó nunca: siguió en vigor sobre el papel hasta 1945, haciendo de decorado.

En 1930 el Parlamento votó y ganó, y no sirvió de nada. En 1933 votó y perdió, y con quórum. Las normas más peligrosas rara vez se presentan como lo que son. Llegan con nombre de remedio.

Román Luzán, I entrega de Democracia: manual de mantenimiento