UPN reivindica un modelo de Renta Garantizada que respete el régimen foral y favorezca la inclusión a través del empleo
UPN ha registrado nuevamente en el Parlamento de Navarra su propuesta de reforma de la Ley de Renta Garantizada, ante lo que considera una falta de avances por parte del Gobierno de Navarra. Los regionalistas recuerdan que el Ejecutivo de María Chivite anunció en octubre de 2024 que trabajaba en una modificación de la prestación, pero que, según UPN, todavía no ha presentado ningún proyecto de ley.
La formación defiende una reforma basada en las competencias propias de Navarra y orientada a favorecer la inclusión social mediante el empleo.
Una prestación vinculada a la inclusión laboral
La propuesta de UPN plantea limitar la duración ordinaria de la Renta Garantizada a tres años, con una cuantía decreciente durante ese periodo. El objetivo que señala la formación es evitar situaciones de dependencia prolongada y favorecer la incorporación al mercado laboral.
También propone que la participación en un programa personalizado de inclusión sociolaboral sea obligatoria desde el inicio, con seguimiento individualizado, y que los perceptores tengan que aceptar ofertas de empleo que sean consideradas adecuadas.
Más control sobre las ayudas y el fraude
UPN plantea además reforzar los mecanismos de control mediante la creación de un servicio específico de inspección, auditorías periódicas y un endurecimiento de las sanciones en los casos de fraude.
La iniciativa establece igualmente requisitos adicionales para acceder a la prestación, como encontrarse en situación administrativa regular y no contar con antecedentes penales por determinados delitos graves.
UPN reivindica el Régimen Foral
Los regionalistas sostienen que Navarra debe aprovechar sus competencias para reformar el sistema y rechazan, según su planteamiento, que la solución dependa de decisiones del Estado.
UPN también recuerda las recomendaciones realizadas por la Cámara de Comptos sobre el sistema de Renta Garantizada, entre ellas el refuerzo de la supervisión y seguimiento de los expedientes ante las incidencias detectadas en las revisiones y los cobros indebidos.
La propuesta incluye finalmente establecer límites al conjunto de ayudas públicas que puede recibir una misma persona o unidad familiar, con el objetivo que UPN define como una mayor ordenación del sistema de protección social y equidad en el acceso a los recursos públicos.
