«Una huelga general no puede convertirse en un mitin electoral»

La huelga general es una de las grandes conquistas de los trabajadores. No apareció porque sí, ni porque a alguien se le ocurriera salir a la calle un día. Nació cuando trabajar significaba, para muchos, aguantar jornadas interminables, cobrar una miseria y soportar abusos sin apenas posibilidad de defenderse. Aquellos trabajadores pararon porque no tenían otra forma de hacerse escuchar. Y consiguieron derechos que hoy disfrutamos todos, aunque a veces parezca que hemos olvidado lo que costó alcanzarlos.

Precisamente por eso, una huelga general merece respeto. No debería utilizarse a la ligera, ni convertirse en un instrumento al servicio de los intereses de unos partidos o de una determinada estrategia política. Su razón de ser es defender a los trabajadores y mejorar sus vidas. Cuando se pierde de vista ese objetivo, también se empieza a perder el sentido de la propia huelga.

La convocatoria de este 11 de noviembre llega, además, en un momento que invita a la reflexión: a apenas dieciocho días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los sindicatos hablan de salarios, vivienda y coste de la vida. Y tienen razón en algo fundamental: son problemas que están ahí y que afectan a miles de familias. Pero resulta inevitable preguntarse por qué se elige precisamente ahora para convocar una huelga general y qué papel juega el calendario electoral en esta decisión. La coincidencia no demuestra por sí sola una intención partidista, pero tampoco puede despacharse como si no tuviera importancia.

Hay otra cuestión que merece ponerse encima de la mesa. Pedro Sánchez lleva gobernando desde 2018, primero con Podemos y después con Sumar, y con el respaldo parlamentario de formaciones como EH Bildu, Esquerra Republicana y el BNG, entre otras. Han tenido años para cambiar las cosas, aprobar leyes y poner en marcha medidas. Sin embargo, seguimos teniendo problemas muy serios que afectan directamente a la vida cotidiana. ¿De verdad no hay nada que reprochar a quienes han tenido la responsabilidad de gobernar durante todo este tiempo?

La vivienda es quizá el ejemplo más evidente. Para muchos jóvenes independizarse se ha convertido en una carrera casi imposible. Familias enteras destinan una parte enorme de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca. Los precios han subido con fuerza y las soluciones anunciadas no han conseguido cambiar esa realidad. También preocupa el coste de la vida: llenar la cesta de la compra, pagar la luz o afrontar los gastos habituales exige cada vez más esfuerzo. Y, aunque el empleo ha mejorado en algunos indicadores y no todo ha ido a peor, tener trabajo no debería significar simplemente poder sobrevivir hasta final de mes. El 25,7 % de la población seguía en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025.

Lo que cuesta entender es que algunos de quienes han acompañado al Gobierno durante estos años aparezcan ahora como si acabaran de descubrir estos problemas. Los sindicatos tienen todo el derecho a protestar, a exigir y a convocar una huelga. Pero también tienen la obligación de ser coherentes. La defensa de los trabajadores no puede depender de quién gobierne, ni puede ser más intensa cuando se acercan unas elecciones. Si los problemas eran importantes ayer, también lo eran hace un año y hace tres.

No se trata de cuestionar el derecho a la huelga ni de negar que haya motivos para protestar. Se trata de algo mucho más sencillo: no utilizar una conquista histórica de los trabajadores para alimentar una batalla política. Una huelga general debería servir para conseguir mejoras reales, no para convertirse en una demostración de fuerza a pocos días de que los ciudadanos acudan a las urnas.

Quienes hicieron las primeras huelgas no pararon para cambiar el resultado de unas elecciones. Pararon para poder vivir con dignidad. Esa es la diferencia que no deberíamos olvidar. Los trabajadores necesitan salarios dignos, viviendas a precios razonables, servicios públicos que respondan y gobiernos que asuman sus responsabilidades. No necesitan que los conviertan en protagonistas involuntarios de una campaña electoral.

La huelga es demasiado importante como para utilizarla como arma política. Y los derechos de los trabajadores merecen mucho más que una convocatoria a conveniencia.

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