«Bruselas tiene la culpa de todo (hasta que toca decidir)»
Hay una costumbre bastante extendida en la política española, y también en parte de la europea, que merece atención: cuando una decisión resulta incómoda, Bruselas suele aparecer como responsable; cuando una decisión beneficia, la autoría se vuelve mucho más disputada.
La Unión Europea se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en una extraordinaria herramienta para eludir responsabilidades políticas. Se invoca a Bruselas para justificar regulaciones, restricciones, exigencias o decisiones impopulares, como los Estados miembros fueran meros espectadores de un proceso sobre el que apenas tienen capacidad de influencia. Pero esa imagen
días mucho de la realidad. La misma relación que hay entre entes locales,
comunidades autónomas o el Gobierno de España con las competencias,
cuando el color político difiere.
La Unión Europea no es una estructura política ajena a los Estados que la
componen. Sus decisiones son, en buena medida, el resultado de
negociaciones en las que participan los gobiernos nacionales. El Consejo de la
Unión Europea, donde se sienta nuestro presidente del Gobierno, con líderes
de los otros 25 Estados, desempeña un papel fundamental a la hora de
elaborar legislación comunitaria. El Parlamento Europeo, que elegimos los
ciudadanos, también interviene en la aprobación de la gran parte de las normas
que rigen nuestro día a día. Y la Comisión, aunque tiene un papel central para
proponer nuevas normas y aplicarlas, no actúa en un vacío político.
Por eso, cuando un Gobierno señala a Bruselas como responsable de una
determinada medida, es recomendable preguntarse cuál es el papel que
desempeñó ese mismo Gobierno en su negociación y aprobación.
Las protestas de agricultores que recorrieron Europa en 2024 ofrecen un
ejemplo ilustrativo. Durante aquellas movilizaciones, Bruselas se convirtió en
uno de los principales destinatarios de las críticas por las exigencias
medioambientales, la burocracia y determinadas reglas de la Política Agraria
Común. Muchas de esas críticas respondían a problemas reales, y la propia
Unión acabó introduciendo flexibilizaciones. Pero el debate también evidenció
una realidad que a menudo se pierde en el discurso político: los gobiernos
nacionales no son ajenos a la política agrícola europea, sino actores que
participan en su negociación, aprobación y aplicación. Presentar toda la
responsabilidad como una imposición externa simplifica un proceso político del
que los propios Estados forman parte.
Esto no significa que todas las decisiones europeas sean acertadas, ni que las
instituciones comunitarias estén exentas de críticas. Al contrario. Europa
necesita un debate crítico sobre su funcionamiento, sus prioridades, su
burocracia y su capacidad para responder a los desafíos económicos y
sociales. Pero ese debate pierde calidad cuando se construye sobre una
simplificación interesada: la de presentar a Europa como un poder distante del
que nuestros gobiernos no forman parte, ni tienen ninguna responsabilidad.
El problema no es criticar la Unión. El problema es hacerlo sin asumir
responsabilidades.
En ocasiones, los gobiernos negocian compromisos europeos, participan en su
aprobación y posteriormente trasladan a la opinión pública la impresión de que
esas decisiones les han sido impuestas. Está dinámica alimenta la
desconfianza hacia las instituciones europeas y dificulta que los ciudadanos
entiendan cómo funciona realmente la Unión. También contribuye una
percepción de distancia entre la política y la ciudadanía que, lejos de ser
inocua, puede terminar debilitando el propio proyecto europeo.
Europa tiene un problema de comunicación, pero también de responsabilidad
política. Si los ciudadanos no saben quién decide qué, resulta mucho más
sencillo convertir las instituciones europeas en un blanco genérico de críticas. Y
si los responsables nacionales no explican su participación en las decisiones
comunitarias, el debate público acaba reduciéndose a una caricatura.
Alberto Nisa Sánchez, Politólogo.
