«Mari Carmen no era un decreto: era una persona»

Hay historias que deberían hacernos hablar un poco más bajo. La de Mari Carmen Abascal es una de ellas.

Tenía 87 años. Había vivido durante décadas en la misma casa. Allí estaban sus recuerdos, sus fotografías, sus cosas de toda una vida. El pasado 23 de septiembre tuvo que salir de aquella vivienda en una camilla y fue trasladada al hospital. Dos semanas después ha fallecido.

Es difícil leerlo y no sentir tristeza.

Porque una casa no son solamente cuatro paredes. Es donde uno ha vivido una vida entera. Donde están las fotografías, los recuerdos, las Navidades, las discusiones, las alegrías y las personas que ya no están. Para alguien de 87 años, perder ese lugar puede significar perder mucho más que una vivienda.

Por eso, lo primero que merece Mari Carmen es respeto. Y también que su muerte no se convierta simplemente en una bandera política. Su historia ha terminado vinculada a los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno después de su desahucio. Su caso se convirtió en símbolo de las movilizaciones por la vivienda y desencadenó un intenso debate político.

Pero Mari Carmen era mucho más que un símbolo. Era una persona.

Y lo verdaderamente preocupante es que no todas las personas que viven situaciones difíciles tienen una cámara delante, miles de personas apoyándolas o un movimiento detrás.

Hay jubilados que viven solos y hacen cuentas cada mes para saber si podrán pagar el alquiler. Hay viudas que afrontan una vivienda con una sola pensión. Hay padres y madres que sacan adelante a sus hijos solos. Hay familias monoparentales, familias numerosas, personas dependientes y hogares de todo tipo que viven al límite.

Y hay personas que trabajan mucho y, aun así, llegan a final de mes con la sensación de que cualquier problema puede hacer que todo se venga abajo.

Ellos también necesitan que alguien les mire. Pero hay otra realidad que tampoco podemos olvidar.

Al otro lado de ese contrato de alquiler por lo general no hay un gran fondo de inversión ni una multinacional. Hay una persona. Un matrimonio. Una viuda, Un huérfano. Una familia que compró un piso después de muchos años trabajando y que utiliza ese alquiler para completar su pensión o ayudar a sus hijos. Ese pequeño propietario también merece protección.

No podemos construir una política de vivienda en la que el inquilino vulnerable tenga derechos y el pequeño propietario tenga miedo. Los dos tienen que tener seguridad.

Porque el propietario que alquila legalmente su vivienda no puede convertirse en el enemigo. Y proteger a una persona vulnerable tampoco significa que quien ha ahorrado durante toda su vida tenga que asumir en solitario un problema que corresponde afrontar a las administraciones.

Los poderes públicos deben garantizar alternativas habitacionales cuando una persona realmente las necesita. Y también deben garantizar seguridad jurídica a quien pone una vivienda en alquiler. Una cosa no debería excluir a la otra.

Necesitamos más vivienda. Más vivienda pública y asequible. Ayudas para quienes realmente las necesitan. Soluciones para las familias que no pueden pagar. Pero también seguridad para el pequeño propietario, porque si quien tiene una vivienda vacía decide que alquilarla supone demasiado riesgo, tendremos todavía menos oferta. Y entonces el problema será todavía mayor.

Por eso Mari Carmen debería hacernos reflexionar más allá de los decretos y de las pancartas.

Porque mientras los políticos discuten o se apuntan tantos que no les corresponden, hay personas mayores que cenan solas en sus casas, padres que hacen números en la cocina cuando los niños ya están dormidos y pequeños propietarios que también hacen números para poder llegar a fin de mes. Todos forman parte del mismo problema.

La vivienda no puede convertirse en una guerra entre propietarios e inquilinos. Ya lo escribimos en un editorial anterior, no son enemigos. Son dos partes de una misma sociedad que necesitan estabilidad.

Mari Carmen merecía poder pasar sus últimos días con tranquilidad. Y muchas otras personas merecen exactamente lo mismo. Que su muerte no sirva para enfrentar a unos contra otros.

Que sirva para recordar algo mucho más sencillo: detrás de cada vivienda hay una vida, y detrás de cada contrato también hay una persona.

El vulnerable necesita un hogar. El pequeño propietario necesita seguridad. Y una política de vivienda que quiera solucionar el problema tiene que ser capaz de proteger a los dos.