Navarra reformará su Ley de Cambio Climático para reducir burocracia sin rebajar los objetivos
El Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto de modificación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética de 2022 y lo remitirá al Parlamento foral para su debate. La reforma pretende agilizar procedimientos, eliminar trámites innecesarios y adaptar la normativa a los cambios sociales y económicos de los últimos cuatro años, manteniendo los objetivos climáticos establecidos.
Según el Ejecutivo, los cambios también buscan evitar conflictos competenciales con el Estado y mejorar la aplicación práctica de la ley. El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, será el encargado de defender la propuesta ante los grupos parlamentarios.
Menos trámites para proyectos renovables y gestión de la biomasa
La reforma revisa los procedimientos previstos para desarrollar las medidas climáticas y sustituye determinadas regulaciones específicas por instrucciones y herramientas de aplicación más rápida.
Entre los cambios figura la eliminación de la obligación de aprobar una norma específica para la bolsa de terrenos destinados a proyectos de energías renovables, ya que la Administración foral dispone de un trámite para recopilar y publicar estas parcelas.
También se descarta crear un procedimiento propio para certificar el origen de la biomasa navarra, al considerar el Ejecutivo que los estándares internacionales existentes ya garantizan su trazabilidad y procedencia de bosques gestionados de forma sostenible. Según el Gobierno, establecer un sistema específico supondría costes y complejidad técnica innecesarios que podrían encarecer el producto.
Cambios en urbanismo, edificios y alumbrado público
El proyecto amplía las opciones para que los nuevos desarrollos urbanísticos alcancen la autosuficiencia energética, más allá de la reserva obligatoria de suelo para instalaciones renovables.
En las ciudades, plantea reducir el consumo del alumbrado exterior mediante el apagado durante el día, incluidas las instalaciones ornamentales, publicitarias y comerciales. También contempla fomentar la creación de refugios climáticos.
En materia de edificación, adapta las exigencias técnicas a las actualizaciones del Código Técnico de la Edificación y aclara cuándo se considera aprovechable una superficie para instalar placas fotovoltaicas. Por ejemplo, quedarán excluidas aquellas cubiertas o fachadas cuyo rendimiento sea muy bajo debido a factores como un sombreado superior al 25% de las horas anuales.
Además, la reforma establece que las ayudas públicas prioricen las actuaciones de rehabilitación energética frente a otras intervenciones de carácter estético o funcional.
Cesión de montes para mejorar su gestión
La modificación incorpora la posibilidad de que el departamento competente reciba en cesión terrenos forestales de entidades locales o particulares para gestionarlos directamente, incluida la explotación de sus recursos.
La medida busca facilitar una gestión activa de los montes, especialmente en aquellas entidades locales que disponen de menos medios para asumir estas tareas.
El texto también reorganiza artículos, precisa términos, evita duplicidades con otras normas y actualiza plazos considerados difíciles de cumplir o susceptibles de generar perjuicios socioeconómicos desproporcionados.
La ley mantiene sus objetivos climáticos para 2050
La propuesta llega al Parlamento después de un proceso de consulta pública e informes de distintos órganos. El anteproyecto estuvo sometido a información pública entre el 28 de mayo y el 3 de julio de 2025, recibió el informe favorable del Consejo Navarro de Medio Ambiente en febrero de 2026 y el de la Comisión Foral de Régimen Local en abril del mismo año. También se incorporó el dictamen del Consejo de Navarra.
La ley original, aprobada por unanimidad en marzo de 2022, establece como objetivos reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos un 55% respecto a los niveles de 1990 e impulsar la neutralidad climática en 2050. Asimismo, fija como meta destinar al menos el 2,5% del PIB anual de Navarra a inversión pública climática.
El Gobierno foral sostiene que la modificación busca facilitar el cumplimiento de estos objetivos mediante una aplicación más ágil de la normativa, sin reducir su ambición climática.
