«Elecciones sin sorpresas»
Dictablanda es una de esas palabras que nacen como chiste y acaban en el manual. Nació en España en 1930, cuando Primo de Rivera dimitió y Alfonso XIII encargó el Gobierno al general Berenguer con el propósito de volver a la normalidad constitucional. Aquello ya no era una dictadura y todavía no era la Constitución, de modo que la prensa lo bautizó con un juego de palabras que cabe en un titular. El Gobierno duró poco más de un año, y la monarquía no le sobrevivió ni dos meses.
La palabra, en cambio, tuvo más recorrido. Reaparece sesenta años después, en agosto de 1990, en un debate televisado en Ciudad de México que organizaba la revista Vuelta, la de Octavio Paz. Mario Vargas Llosa, que unos meses antes había perdido las elecciones presidenciales de Perú, dijo allí que México era «la dictadura perfecta»: una dictadura camuflada, sin un hombre que se perpetuase, pero con un partido inamovible, que consentía la crítica en la medida en que le servía. Según las crónicas, el moderador, Enrique Krauze, propuso entonces la palabra española, más modesta, y el anfitrión, Paz, prefirió rectificar: él había hablado de un sistema hegemónico. Que el debate se emitiera por televisión es, según a quién se pregunte, la refutación de la frase o su mejor ilustración.
Tres nombres para un mismo régimen en una sola tarde. El primero es una acusación, el segundo es un matiz y el tercero, que es el de la ciencia política, resulta el más aburrido y quizá el más útil, porque no dice cómo es el régimen sino cómo funciona. Y esa es la pregunta de hoy: cómo se consigue que un país vote con regularidad, con partidos, urnas y campañas, durante más de seis décadas, y que el poder no cambie de manos. Mi tesis es que no hizo falta suspender nada. Las elecciones se celebraron siempre, y lo que hubo fue un simulacro de democracia, entendiendo la palabra con rigor: no un decorado de cartón piedra, sino un procedimiento que conservaba todas las piezas de la competencia menos la única que la hace competencia, la posibilidad de perder. Dejaron de ser el procedimiento por el que se decidía quién mandaba.
Para ver cómo se llega ahí hay que retroceder hasta 1928. El 17 de julio habían asesinado a Álvaro Obregón, que acababa de ganar las elecciones para volver a la presidencia. En 1920 había muerto asesinado el presidente Carranza, y desde 1910 el relevo en el poder se resolvía, con demasiada frecuencia, a tiros. Mes y medio después, el presidente saliente, Plutarco Elías Calles, subió a la tribuna del Congreso y dijo que nunca volvería a ocupar la presidencia, que México debía pasar de «país de un hombre» a «nación de instituciones y de leyes» y que la libertad de sufragio debería llevar a las Cámaras a la oposición, incluida la «reacción clerical», mientras la guerra cristera seguía viva en seis estados. Pedía, además, que la vida política se organizase en «reales partidos nacionales orgánicos», y no en torno a los hombres necesarios. Leído hoy, el discurso sorprende por lo pluralista, y conviene recordarlo antes de juzgar lo que vino después: el problema que describía era real.
Calles cumplió la letra: no volvió a ser presidente. Entre 1928 y 1934 hubo tres presidentes y un jefe, el «Jefe Máximo», que era él. El partido que se fundó en Querétaro en marzo de 1929 con el lema «Instituciones y reforma social» servía a la vez para dos cosas: ordenar la sucesión sin balas y conseguir que quien mandase en el partido mandase en todo lo demás. No hace falta decidir si Calles era sincero; el efecto está documentado. En 1936 Lázaro Cárdenas lo mandó al extranjero, y con eso se comprobó otra cosa: que el poder había pasado del hombre al cargo. Desde entonces el jefe fue el presidente en funciones, y solo durante seis años.
Eso es un partido-Estado hegemónico, y conviene verlo por piezas, porque ninguna lo parece. La primera es la fusión: el partido nació desde el poder y, desde su refundación de 1938, se organizó por sectores, el obrero, el campesino, el popular y durante unos años el militar, de modo que el trabajador llegaba al Estado a través de su sindicato y el sindicato pertenecía al partido. Es el corporativismo. La segunda es la sucesión: el presidente no podía reelegirse, regla que se respetó con un celo casi religioso, pero designaba a quien iba a sustituirlo. Daniel Cosío Villegas lo resumió en los años setenta con una fórmula que hizo fortuna: monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por línea transversal. Es decir, un rey que abdica puntualmente cada seis años en favor de alguien de la familia que no es su hijo. La tercera son las reglas que no estaban escritas, las que Carpizo llamó metaconstitucionales y que ya vimos en la segunda entrega: ser jefe del partido, escoger sucesor, colocar gobernadores. Y la cuarta es el árbitro: desde la ley electoral de 1946, las elecciones federales las organizaba una comisión que presidía el secretario de Gobernación, ministro del propio presidente. De cómo se fabrica un árbitro, y de cómo se desmonta, hablaremos más adelante.
Hasta aquí parecería una maquinaria montada para ganar. No era solo eso, y este es el punto que más cuesta admitir a quien llega con la etiqueta puesta: el régimen tuvo legitimidad real. Cárdenas repartió cerca de dieciocho millones de hectáreas, y el 18 de marzo de 1938 expropió el petróleo a las compañías extranjeras; el país respondió con una colecta popular para pagar la indemnización. Su hijo Cuauhtémoc sería quien, en 1988, discutiera el recuento, como vimos en la tercera entrega; que el heredero del reformador acabase como el gran impugnador del régimen dice algo sobre lo que ese régimen había sido capaz de despertar. La Constitución de 1917 había escrito por primera vez derechos agrarios y laborales que el régimen presumía de cumplir. Y desde 1934 los presidentes se sucedieron puntualmente cada seis años, sin ser derrocados ni asesinados, algo que en la Hispanoamérica de la época no era poca cosa.
Eso complica la pregunta, y por eso interesa. Cuando un partido gana por entusiasmo, por costumbre, por ascenso social y por la convicción de que los demás no ganarán, y además es él quien cuenta los votos, nadie puede saber cuánto de su victoria es apoyo y cuánto es aparato. Ni siquiera el propio partido. El recuento de un árbitro dependiente no distingue entre una mayoría auténtica y una mayoría administrada, y esa es su peor consecuencia: no solo permite hacer trampa, sino que impide saber qué piensa el país. Por eso digo simulacro y no farsa: un simulacro puede apoyarse en una mayoría real y seguir siéndolo, porque lo que simula no es el apoyo, sino la competencia.
En 1976, José López Portillo fue candidato a la presidencia sin rival: el PAN no logró ni designar candidato, y los dos partidos satélite, el PPS y el PARM, que solían acompañar a los candidatos del PRI, lo respaldaron también. Había oposición registrada y no había oposición. Ganó, naturalmente: era el único nombre de la papeleta que podía ganar, y también el único que había. Al año siguiente el Gobierno impulsó una reforma política que abrió el registro a nuevos partidos. Y la primera sorpresa tardó sesenta años en llegar: en 1989, el PRI reconoció por primera vez que había perdido una gubernatura, la de Baja California, seis décadas después de la convención de Querétaro.
Esto no es una lección para nadie ni un molde para encajar otro país. Pero deja una pregunta que cualquier democracia puede hacerse sin acusar a nadie. En todas, el partido que gobierna tiene acceso a la administración, a los nombramientos, a los presupuestos, a los calendarios. Esa porosidad es inevitable y, hasta cierto punto, legítima: para eso se gana. El riesgo no está en que exista, sino en que deje de tener frontera. Lo que importa es si existe alguien ajeno al partido que pueda medirla y a quien el partido tenga que hacer caso cuando el resultado no le convenga. Una elección con sorpresa posible es un mecanismo. Una elección sin sorpresa posible es un simulacro, aunque se vote con la misma papeleta.
El régimen nunca tuvo que suspender unas elecciones. Le bastó con organizarlas.
Román Luzán, IV entrega de Democracia: manual de mantenimiento
