«La política del insulto y la mentira: cuando la palabra destruye la convivencia»
La política debería ser el espacio donde las ideas se confrontan, los problemas se debaten y se buscan soluciones para mejorar la vida de la ciudadanía. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el debate público se sustituye por el insulto, la descalificación personal y la manipulación de la verdad. En lugar de argumentos, aparecen improperios; en lugar de propuestas, se alimentan el odio y la división.
El insulto político no es una simple cuestión de mala educación. Es una forma de desviar la atención de los problemas reales. Cuando un dirigente llama «inútil», «traidor», «vendido» o «sinvergüenza» a su adversario, no está demostrando necesariamente la debilidad de las ideas de este, sino renunciando a discutirlas con argumentos. Expresiones como «son todos unos ladrones» o «no tienen vergüenza» convierten la discrepancia política en una condena colectiva, sin distinguir responsabilidades ni aportar pruebas.
La mentira constituye un problema aún más grave. Pensemos en quien afirma que un rival quiere arruinar deliberadamente el país sin aportar ninguna evidencia; en quien asegura que una medida pública eliminará todas las pensiones cuando el texto de la norma no dice tal cosa; o en quien difunde que un adversario ha cometido un delito sin que existan pruebas que respalden la acusación. También se manipula la realidad cuando se presenta una estadística aislada como si explicara toda una situación o se atribuyen a un gobierno decisiones que nunca ha tomado.
En estos casos, la estrategia consiste en repetir una afirmación hasta que parezca cierta. Después, cuando llegan las rectificaciones, el desmentido apenas recibe atención. El daño, sin embargo, ya está hecho: la sospecha permanece y la reputación queda deteriorada.
Esta forma de hacer política tiene consecuencias sociales. Alimenta la crispación, enfrenta a vecinos y familiares y transforma las diferencias ideológicas en enemistades personales. El adversario deja de ser alguien con quien discrepar para convertirse en un enemigo al que hay que destruir políticamente. Las redes sociales agravan el problema cuando los mensajes más agresivos circulan con mayor rapidez que las explicaciones rigurosas.
Frente a esta realidad, necesitamos recuperar una política basada en la verdad, la responsabilidad y el respeto. Criticar una gestión es legítimo; exigir responsabilidades, imprescindible. Pero una cosa es denunciar hechos demostrables y otra muy distinta insultar, difamar o inventar acusaciones para obtener ventaja.
La ciudadanía también tiene una responsabilidad: contrastar la información, pedir pruebas y no compartir mensajes únicamente porque confirman nuestras opiniones.
La democracia no se fortalece cuando unos humillan a otros, sino cuando se confrontan las ideas con honestidad. Porque una mentira puede ganar un titular y un insulto puede provocar aplausos, pero ninguno de los dos constituye una solución. Cuando la política renuncia a la verdad y al respeto, toda la sociedad termina pagando el precio.
Fernando Ventura, Concejal y Secretario General del PSN en Huarte
