«Las víctimas no pueden ser las grandes olvidadas de su propia ley»

Hay cosas que, sencillamente, no deberían tener que explicarse. Y una de ellas es que las víctimas de ETA merecen ser escuchadas, respetadas y reconocidas cuando las instituciones legislan sobre su propia historia. Sin embargo, una vez más, parece que tienen que seguir reclamando algo que debería darse por supuesto.

El Parlamento de Navarra ha aprobado una ley legítima y que incorpora avances. No voy a negar lo que pueda mejorar, pero tampoco voy a mirar hacia otro lado ante todo lo que se ha quedado fuera. Porque una ley puede ser legítima y, al mismo tiempo, quedarse muy lejos de lo que las víctimas necesitan y merecen.

Quiero detenerme especialmente en ANVITE, la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo. Sus reivindicaciones no son simples enmiendas ni una lista de peticiones burocráticas. Detrás de cada una hay vidas que ETA destrozó.

Hablamos de reconocer a quienes tuvieron que abandonar Navarra por las amenazas y el miedo. Personas que dejaron sus casas, sus trabajos, sus familias y sus raíces porque quedarse podía costarles la vida. ¿De verdad no merecen un reconocimiento específico? También hablamos de medidas como la reserva del 2 % del empleo público para víctimas y familiares o de garantías para evitar que personas condenadas por terrorismo accedan a la docencia sin una condena pública y rotunda de la violencia.

Son reivindicaciones razonables que merecían una respuesta. Y si no se han incorporado, alguien debería explicar por qué.

Siempre me ha llamado la atención que defendamos que las víctimas de violencia de género deben ser escuchadas cuando se legisla sobre ellas, que las mujeres deben participar en las leyes de igualdad o que cualquier colectivo afectado debe tener voz. Y, sin embargo, cuando hablamos de las víctimas de ETA parece que escuchar ya es suficiente, aunque después sus propuestas no encuentren respuesta. ¿Nos parecería aceptable en cualquier otro ámbito?

No basta con recibir a las asociaciones, hacerse una fotografía y agradecerles su colaboración. Escuchar también significa atender sus reivindicaciones. Y las víctimas no deberían tener que mendigar reconocimiento ante las mismas instituciones que tienen la obligación de proteger su memoria.

Pero hay una responsabilidad política que no podemos pasar por alto: la del Partido Socialista.

El PSN habla constantemente de convivencia, pero debería explicar hasta dónde está dispuesto a ceder ante EH Bildu en una materia tan delicada como la memoria del terrorismo. La condena inequívoca de ETA, el reconocimiento del daño causado y la dignidad de sus víctimas no pueden convertirse en moneda de cambio para mantener acuerdos parlamentarios.

ETA no fue un conflicto entre dos partes equivalentes. Fue una organización terrorista que asesinó, secuestró y amenazó durante décadas. Hubo quienes mataron y quienes fueron asesinados. Hubo quienes justificaron el terror y quienes tuvieron que aprender a vivir con miedo. No podemos construir un relato de convivencia que termine difuminando esa diferencia.

Y tampoco podemos pedir a las víctimas que pasen página mientras siguen esperando respuestas. ¿Cómo le explicamos a una familia que perdió a un padre, una madre o un hermano que sus reivindicaciones no han encontrado sitio en una ley que precisamente lleva su nombre?

No cuestiono la legitimidad de la norma. Cuestiono que se haya dejado fuera lo que quienes representan a las víctimas consideran importante. Y me preocupa que, una vez más, las necesidades políticas pesen más que la sensibilidad y las reivindicaciones de quienes sufrieron el terrorismo.

A ANVITE y a todas las víctimas que han alzado la voz quiero trasladarles algo: sus reclamaciones merecen ser defendidas, no apartadas para facilitar acuerdos. Porque la memoria no consiste únicamente en homenajes, placas y discursos. Consiste, sobre todo, en no abandonar a quienes ya fueron abandonados demasiadas veces.

Las víctimas de ETA no tienen que adaptar sus reivindicaciones a las necesidades de ningún partido. Son los partidos y las instituciones quienes tienen que estar a la altura de las víctimas. Y eso, por desgracia, todavía está lejos de conseguirse.

Julen Sesma, Director de LaTribunaNavarra.com

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